Acomodación a Procedimiento Abreviado. Vicisitudes y supuesto práctico.

Empieza este post con varias reflexiones: ¿Qué es el Auto de acomodación a Procedimiento Abreviado?, ¿Qué naturaleza tiene?, ¿Tiene trascendencia en el procedimiento?

Estas son algunas de las preguntas que como juristas y letrados ejercientes en materia penal, en algún momento nos hemos debido plantear. Debemos reconocer que, también como tales, y no sólo para este supuesto, hemos debido plantearnos hasta qué punto de perversión (bien entendida, como equivalente a vicisitud procesal) se puede someter un acto procesal.

Estas reflexiones son las que nos han llevado a este post con una voluntad y un propósito. Voluntad, intentar hacer partícipes con pasión a los lectores interesados en el Derecho Penal y Procesal Penal para el mejor conocimiento del proceso. Propósito, plantear un supuesto real, donde el periplo de la resolución es sometido a varios vericuetos; obviamente con consecuencias en el desarrollo del proceso.

EL AUTO DE ACOMODACION

Vaya por delante la voluntad de despejar una de las incógnitas terminológicas más elementales, pero que al lector que se inicia le puede sugerir algún quebradero. Sí, cuando hablamos del Auto de acomodación, hablamos del Auto de transformación y también del Auto que ordena continuar la tramitación de la causa por los cauces del Procedimiento Abreviado. Todas estas definiciones nos sitúan ante una misma realidad: se trata del auto cuya finalidad es dar por concluida la etapa de instrucción del proceso penal.

RESOLUCIÓN JUDICIAL

Por imperativo legal, la resolución en cuestión adopta la forma de Auto. Así lo establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al fijar en su artículo 141 Ley de Enjuiciamiento Criminal que, tendrán la consideración de Autos aquellas que

«decidan incidentes o puntos esenciales que afecten de una manera directa a los imputados o procesados, responsables civiles, acusadores particulares o actores civiles; cuando decidan la competencia del Juzgado o Tribunal, la procedencia o improcedencia de la recusación, cuando decidan recursos contra providencias o decretos, la prisión o libertad provisional, la admisión o denegación de prueba o del derecho de justicia gratuita o afecten a un derecho fundamental y, finalmente, los demás que según las Leyes deben fundarse.»

La situación y contexto del Auto de acomodación trae causa de haber seguido el procedimiento mediante Diligencias Previas, y del tenor del artículo 779.1.4 del mismo texto, que dispone:

«1. Practicadas sin demora las diligencias pertinentes, el Juez adoptará mediante auto alguna de las siguientes resoluciones: […] 4.ª Si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757, seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775.»

De ello surge, a continuación, la previsión del CAPÍTULO IV (De la preparación del juicio oral) y del artículo 780 LECrim, al señalar:

1. Si el Juez de Instrucción acordare que debe seguirse el trámite establecido en este capítulo, en la misma resolución ordenará que se dé traslado de las diligencias previas, originales o mediante fotocopia, al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias, en el caso del apartado siguiente […].

Obviamente, nos traen aquí y nos referiremos a los supuestos generados en el caso que el Ministerio Fiscal y/o acusaciones personadas formulen el correspondiente escrito de acusación.

NATURALEZA DEL AUTO

Cuestión largamente debatida tiempo atrás ha sido la de la naturaleza del Auto.

Dos posiciones jurisprudenciales se encontraban frontalmente: la de los partidarios de considerar que el Auto de acomodación no suponía un equivalente al Auto de procesamiento del Procedimiento Ordinario, y la de aquellos que entendían que la resolución servía a los mismos fines, aún cuando la ley no lo previese expresamente, por necesaria exigencia de salvaguardar las garantías del proceso y del imputado.

No es un auto de procesamiento

Los partidarios de esta postura hacían buena su interpretación jurisprudencial teniendo en cuenta el tenor de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sección Segunda, de  02/07/1999, acogiendo la Sentencia del Tribunal Constitucional 186/1996 en la que se argumentaba:

La referida resolución contiene una motivación sucinta pero suficiente, en relación con su naturaleza y finalidad, que no es la de suplantar la función acusatoria del Ministerio Público anticipando el contenido fáctico y jurídico de la calificación acusatoria, sinó únicamente conferir el oportuno traslado procesal para que ésta pueda verificarse, así como expresar el doble pronunciamiento de conclusión de la instrucción y de prosecución del procedimiento abreviado en la fase intermedia

Con ello, se niega la naturaleza de la resolución como equivalente al Auto de Procesamiento del Procedimiento Ordinario, advirtiendo únicamente que su función es doble: poner fin a la instrucción, e informar del inicio de la fase intermedia según los cauces del Procedimiento Abreviado.

SÍ ES UN AUTO DE PROCESAMIENTO

Por otro lado, no pocos autores defendían la postura contraria. Esto es, la equivalencia del Auto de acomodación con el Auto Procesamiento del Sumario. La argumentación se encontraba, entre otras, en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sección Segunda, de 03/05/1999, que señalaba:

cuando la decisión que pone fin a las Diligencias Previas es la transformación en Procedimiento Abreviado, el auto que así lo acuerde tiene el valor de ser el equivalente procesal del auto de procesamiento en el Sumario Ordinario, en tal sentido, y entre otras muchas pueden citarse las STS de 21 de Mayo de 1993 y STS nº 1437/98 de 18 de Noviembre, teniendo el carácter de determinar la legitimación pasiva del proceso penal, convirtiendose en auto de imputación judicial como los antiguos autos de encartamiento de las desaparecidas Diligencias Preparatorias de la Ley 3/67 de 8 de Abril, o del más reciente auto de inculpación de la Ley 10/89 de 11 de Noviembre. 

Es en este sentido, más garantista que se establecen, además, sus requisitos:

En ambos casos, al igual que en el auto de procesamiento resulta inexcusable un breve relato de los hechos e identificación de las personas contra las que se abre –y respecto de los que se predica un “juicio de probabilidad” de naturaleza incriminatoria, que se consolidará –o no– según se dirija acusación por las partes acusadoras. Dicho auto debe ser notificado de acuerdo con el art. 780 in fine, pudiendo ser recurrido vía reforma y queja al no estar expresamente prevista la apelación –art. 787-1º–.

POSICIÓN consolidada del tribunal supremo

Llegados a este punto, debe señalarse que el transcurso del tiempo ha llevado a adoptar la segunda postura como la más garantista, en orden a la protección de los derechos del imputado, y por consiguiente, mayoritaria y consolidada, según Sentencia del Tribunal Supremo núm. 702/2003, de 30 de mayo, que fija:

[…] (el) auto de Transformación a Procedimiento Abreviado es el equivalente procesal del auto de Procesamiento en el sumario ordinario (…), teniendo la finalidad de fijar la legitimación pasiva así como el objeto del proceso penal»;

por tanto, se trata

«de un acto de imputación formal efectuado por el Juez Instructor, exteriorizador de un juicio de probabilidad de naturaleza incriminatoria delimitador del ámbito objetivo y subjetivo del proceso».

En lo tocante a su contenido:

«contiene un doble pronunciamiento: de una parte, la conclusión de la instrucción, y, de otra, la prosecución del proceso abreviado en otra fase por no concurrir ninguno de los supuestos que hacen imposible su continuación (los previstos en las reglas primera, segunda y tercera del mismo art. 789.5 [en la redacción anterior a la Ley 38/2002]). En consecuencia, cuando el Instructor adopta la decisión de seguir el proceso como procedimiento abreviado, no se limita sólo a constatar la inexistencia de otras diligencias relevantes para la instrucción, sino que realiza una valoración jurídica tanto de los hechos como sobre la imputación subjetiva de los mismos. Dicho de otro modo, cuando el Juez adopta la decisión de continuar el proceso -art. 789.5, regla cuarta- también rechaza (implícitamente) la procedencia de las otras resoluciones del art. 789.5 de la LECrim y, de modo especial, el archivo o sobreseimiento de las actuaciones» (STC 168/1990, F.J. 8); lo cual ha llevado al Tribunal Constitucional a tildar de “desafortunada” la calificación del auto de transformación a procedimiento abreviado como “resolución de naturaleza eminentemente procesal y no sustantiva” (ATC 169/2004, de 10 de mayo).

FIN DE LA CONTROVERSIA Y REDACCIÓN LEGAL

El desencuentro descrito de las posturas diametralmente opuestas encontró fin con la redacción actual del artículo 779.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde su tenor literal establece que

Si el hecho constituyera delito comprendido en el artículo 757, seguirá el procedimiento ordenado en el capítulo siguiente. Esta decisión, que contendrá la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no podrá adoptarse sin haber tomado declaración a aquélla en los términos previstos en el artículo 775.

Con ello, se pone fin a cualquier discusión al respecto: el Auto de acomodación debe contener la determinación de los hechos punibles (su calificación corresponderá a las acusaciones en un estadio posterior), así como la identificación del presunto responsable.

CONSECUENCIAS DEL Dictado del auto de acomodación

Parece evidente que, llegado a este momento procesal, el Juez Instructor, valorando el acervo probatorio indiciario que constituyen las diligencias de instrucción decide dar curso al dictado de dicha resolución, estableciendo para ello los hechos que harían presumir la existencia de un hecho criminal e identificando a su responsable.

Por definición, ello supone, efectivamente, dar por concluida la etapa de instrucción del proceso penal, no decretar el sobreseimiento de la causa; pero es más, de ello deriva por conexión ineludible (al menos para la defensa) la imposibilidad de solicitar diligencias de instrucción, por cuanto esa etapa ha sido declarado conclusa.

Dicho Auto, por mandato legal, resulta recurrible en Reforma (en el plazo de tres días, a criterio de esta parte hábiles, por haber concluido la instrucción) o en Apelación (en cinco, en idénticos términos). No cabe duda que las defensas de los imputados podrán hacer valer sus argumentos en sendos recursos en torno a la inadecuación de dar por concluida la fase de instrucción, o bien de decidir continuar con la tramitación de la causa y no decantarse por adoptar la decisión de sobreseer la misma.

eventual problema procesal

Llegados a este punto, como advertíamos desde el inicio, queremos plantear al lector una serie de vicisitudes por las que podría atravesar la tramitación de la causa, a raíz de eventuales recursos formulados frente al Auto de acomodación.

Para ello, partiremos de un ejemplo práctico:

SUPUESTO:

DESCRIPCIÓN CONTENIDA EN EL AUTO: Tres coimputados frente a los que se ha dirigido acusación por idénticos delitos en los que habrían participado todos ellos. Resultarían cinco víctimas. 

RECURSO 1: Las defensas de los imputados formulan recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la denegación de diligencias de instrucción solicitadas inmediatamente antes del dictado del Auto de transformación.

RECURSO 2: Las defensas de los imputados formulan recurso de reforma y subsidiario de apelación (i) ante la continuación del procedimiento y no haber acordado el archivo de la causa respecto de dos de los coimputados (ii) y por no apartar a cuatro de las víctimas respecto de las que no habría quedado acreditado hecho ilícito alguno (en términos de defensa).

Vaya por delante que, como tal y como tiene establecido la norma adjetiva, la formulación del recurso de reforma (y subsidiario de apelación) no interrumpirá la tramitación de la causa, por cuanto no presenta efectos suspensivos.

La situación planteada comporta que, dictado el Auto de acomodación, se dará traslado de la causa a las acusaciones para formular escrito de calificación; por más que sendos recursos se hayan formulado. Ahora bien:

  • Qué escenario se plantea si, en sede de la tramitación del recurso de apelación, la Audiencia Provincial estimara que, efectivamente, las diligencias solicitadas por las defensas resultaban necesarias e indispensables para llegar a un razonamiento presuntivo sobre los hechos y sus presuntos autores?. Ya ha finalizado dicha etapa de instrucción; por tanto, retrotraemos las actuaciones? Se debería reconocer la conveniencia de haberlas practicado pero por aplicación del principio de «conservación de las actuaciones procesales» se «invitaría» a practicarlas en el acto del Juicio Oral?
  • Qué situación se generaría si, como consecuencia de la tramitación del Recurso (dilatado en el tiempo), ya se hubieran formulado escritos de acusación? Y si también de defensa? Qué sucedería si dichas diligencias poseyeran virtualidad para desvirtuar la continuación de la causa, o bien, al menos, respecto de alguno de los imputados?
  • Pero es más, caso de desestimarse el recurso sobre la práctica de diligencias anteriores al Auto, pero sí se estimara el Recurso que interesaba tener por apartadas a cuatro víctimas de la causa, qué situación se generaría procesalmente una vez formulada acusación? Y si también se ha formulado escrito de defensa?
  • Qué sucedería si como resolución del recurso de apelación se acordase tener por sobreseída la causa respecto de dos de los coimputados? Estos perderían la consideración de imputados; por tanto, podrían acudir al acto del Juicio Oral como testigos (con obligación de decir verdad)? Y si ya han sido propuestos como imputados por el devenir de la tramitación de los recursos, que no presentan efectos suspensivos?

Como podrá apreciar el lector, la situación no se antoja sencilla cuando, ante el inicial pensamiento que llevase a concluir: se ha tener por no formulado el Auto y retrotraer las actuaciones, podría darse lugar a que las partes ya hubieran tenido conocimiento de cuáles son los argumentos de acusación y defensa respectivamente; efecto derivado de la no interrupción de la tramitación de la causa.

Es más, si las resoluciones judiciales no son firmes sino hasta cuando el transcurso del tiempo fijado en la norma y la inactividad de las partes frente a las mismas les ha llevado a no recurrirlas, qué debería llevar a inadmitir la práctica de una diligencia ante una resolución que no es firme? Deriva ello de la «apariencia de buen derecho» de la resolución que acuerda la acomodación al procedimiento abreviado? Existen entonces resoluciones con «apariencia de mal derecho»? Es preferible la inadmisión de las diligencias si después ordena su práctica la instancia superior? O incluso revocar el auto y tener por apartados a otros tantos denunciantes que ya han formulado acusación y respecto de los cuales nos ha tocado (también ya) defendernos por escrito y mostrar nuestros argumentos de defensa?

Cuestión, como veis, con trascendencia en el procedimiento y cuyo análisis requiere más que este modesto post.

Un saludo,

Samuel Guerrero

@sguerrca

@guerreropenal

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